Las subastas de energías verdes, un triunfo para las eléctricas no verdes

 

Moraleja: cruzar el río de la transición energética no puede depender de aquellos que tienen intereses en ambas orillas

 
Los autores de literatura apocalíptica se habían imaginado que una pandemia encerrase en sus casas a la mitad de la población mundial y provocase un colapso económico como el que estamos padeciendo. Para muchos ciudadanos el covid-19 es la primera distopía que ha saltado de las páginas de las novelas o las pantallas de los cines a su propia realidad.

Esta distopía tiene dos dimensiones: la sanitaria y la económica. La primera deja ya más de 470.000 fallecimientos en el mundo, de los que España aporta algo más del 6%. La segunda es difícil de pronosticar, aunque el Banco de España apunta a una caída de entre el 9,5 y el 12,4% del Producto Interior Bruto (PIB) para el año en curso como consecuencia de lo que el Fondo Monetario Internacional ha denominado como “el gran encierro”.

Inmersos en la desescalada, los gobiernos de todo el mundo han comenzado a pensar en qué mecanismos es necesario activar para salir de un pozo que se intuye más profundo aún que el provocado por la crisis de 2007-2014. En este contexto, el Consejo de Ministros del Gobierno de España remitió a finales de mayo a Las Cortes el proyecto de Ley de Cambio Climático Transición Energética.

Empezamos bien. No son pocas las razones para apoyar el desarrollo de las energías renovables, que deberíamos denominar “energías no contaminantes” para acentuar su necesidad. La primera y más importante es que el cambio climático es el mayor desafío estructural al que nos enfrentamos global y localmente. Una vez que superemos la emergencia sanitaria retornará con fuerza a la conciencia colectiva la emergencia climática.

Las fuentes no contaminantes son la principal palanca para producir la transformación energética. Este proceso es uno de los pocos que pueden atraer inversión y generar empleo digno a corto plazo. Empleos en un sector industrial (la propia emergencia sanitaria ha puesto en evidencia el valor estratégico de la capacidad productiva nacional, de la que no se puede prescindir) y carga de trabajo para la construcción y los servicios de operación y mantenimiento.

Ese empleo se genera, además, en la España rural, es decir, actúa como un antídoto contra la despoblación. Pensar en una España rural dedicada exclusivamente a los trabajos agrícolas sería condenarla a la pobreza, a la desigualdad…y a la subvención. Ni tan siquiera cuando hemos necesitado mano de obra nacional para los trabajos agrícolas, los españoles, salvo excepciones, hemos aceptado el reto de trabajar en el campo.

Las energías verdes vivieron su propia distopía económica cuando los gobiernos de Rodríguez Zapatero (PSOE) y Rajoy (PP) recortaron y eliminaron, respectivamente, las primas a las renovables, provocando la quiebra de muchas instalaciones y un alud de demandas internacionales contra el Gobierno de España. Para que la historia no se repita justo cuando las energías no contaminantes son más necesarias que nunca la regulación tiene que resolver dos grandes desincentivos.

El primero es la lentitud en el proceso de despliegue de redes y puntos de interconexión y la obtención de los diferentes permisos, situación que se ha agravado en los últimos tres años. Las diferentes administraciones y empresas públicas tienen que hacer una revisión crítica del mismo.

El segundo y más profundo es el precio. La caída de la demanda originada por la pandemia, unida al sistema de fijación de precios, ha provocado un desplome de la retribución de la generación superior al 50%. Una caída extraordinaria que, por cierto, no ha beneficiado a los consumidores finales, atrapados por un enrevesado sistema de tarifas, potencias y peajes, sino que se ha quedado en los bolsillos de las grandes comercializadoras.

El gobierno ha querido resolver esta caída del precio con la aprobación mediante real decreto un nuevo sistema de subastas para la generación a través de fuentes renovables. Habíamos empezado bien, pero aquí seguimos mal. Esta decisión supone un triunfo para las empresas eléctricas que siguen conservando un parque de generación convencional porque evita la competencia de las renovables, por un lado, y mantiene el sistema de subasta para sus instalaciones, un modelo que les beneficia claramente porque les permite casar su oferta de generación con su cuota de comercialización, por otro.

El sistema de subastas da una ventaja extraordinaria a todas las comercializadoras que tienen vendida esa energía al precio final que paga el consumidor, haciendo para ellas prácticamente irrelevante el precio ofrecido en la puja por los parques de generación que poseen sus grupos empresariales. Este sistema vuelve a unir de facto lo que la liberalización había separado de iure, evita la ruptura del oligopolio y dificulta la democratización de la generación eléctrica mediante la entrada de nuevos competidores.

Ante este panorama provocado por la caída de la demanda cabe plantear el cierre acelerado de las plantas de generación contaminantes. Ni tan siquiera hace falta recurrir al argumento de que se trata de instalaciones amortizadas, cuya vida útil ha sido, además, extendida en muchos casos, sino simplemente al de que ahora tal parque resulta no solo innecesario, sino perjudicial. Lógicamente, como ya se ha visto con este último real decreto el lobby eléctrico no verde intentará retrasar al máximo tal cierre. Y a la vista del reciente éxito con las renovables no me extrañaría que lo lograse. Moraleja: cruzar el río de la transición energética no puede depender de aquellos que tienen intereses en ambas orillas.
 
Artículo publicado en El Confidencial



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